«La inmigración en Huelva: Acoger con corazón y preservar la identidad»

Publicado:
12 marzo, 2026
El obispo de Huelva, Mons. Santiago Gómez Sierra, ha hecho pública, con motivo del tiempo litúrgico de la Cuaresma, esta carta pastoral dirigida tanto a la comunidad cristiana como al conjunto de la sociedad, en la que reflexiona sobre los desafíos que plantean los actuales flujos migratorios.

Cuaresma: convertirse para mirar la realidad

Estamos en Cuaresma. Cuando comenzó el Miércoles de Ceniza escuchamos una frase muy directa, muy sencilla, pero profundamente seria: Conviértete y cree en el Evangelio. Es una invitación personal de Dios a cada uno de nosotros. Escuchar es dejar que el Evangelio de Jesucristo, incida, ilumine e interprete la realidad concreta de nuestra vida personal y de nuestras relaciones, como nos ha dicho el Papa en el mensaje que ha dirigido a la Iglesia para esta Cuaresma. De este modo, en cualquier campo de la vida personal, familiar, social y política, la conversión cuaresmal a la que somos llamados ofrecerá un servicio original e insustituible no solo para cada persona, sino también para la sociedad.

Deseo llamar vuestra atención sobre los desafíos que plantea vivir la dimensión universal del amor cristiano y de la solidaridad en el contexto de los actuales flujos migratorios de gran intensidad. Esta carta se dirige especialmente a los miembros de la comunidad cristiana de la diócesis, pero el tema que trata concierne a toda la sociedad. Es una invitación a seguir profundizando y dialogando con sinceridad, buscando una relación justa y equilibrada entre nosotros como sociedad de acogida y los inmigrantes, y a promover políticas migratorias que tengan en cuenta el bien y la dignidad de todas las personas implicadas.

La inmigración ya es parte de nuestra tierra

En la provincia de Huelva residen actualmente alrededor de 70.000 inmigrantes, lo que representa aproximadamente el 13 % de la población total. Su distribución, sin embargo, es desigual: en algunos municipios llegan a alcanzar cerca del 35 % de los habitantes. El principal país de origen es Marruecos. En la mayoría de los casos, su presencia responde a la demanda de trabajadores en sectores y territorios donde la mano de obra local resulta insuficiente o no está dispuesta a emplearse, contribuyendo así al desarrollo económico de la provincia.

Además, durante el presente año han llegado más de 17.000 trabajadores temporales de distintas nacionalidades —entre ellas Marruecos, Honduras, Colombia, Ecuador, Guatemala y Senegal— para trabajar durante los meses de la campaña de la fresa y de los frutos rojos. Estos trabajadores se incorporan a través del sistema de contratación en origen, mediante el cual son empleados por los empresarios desde sus países de procedencia. La provincia de Huelva concentra la gran mayoría de estas contrataciones en España, ya que acapara aproximadamente el 84,7 % del total de contratos en origen realizados en el país. Probablemente, este procedimiento introduce una práctica esperanzadora para una migración legal, ordenada y segura.

La Iglesia ante el reto de la inmigración

Para la Iglesia de Huelva la atención a los inmigrantes constituye un compromiso muy relevante en las circunstancias actuales. El Secretariado Diocesano de Migraciones, junto con las Cáritas diocesana y parroquiales en la ciudad y en los pueblos, otras iniciativas surgidas en el ámbito de la vida consagrada y en diferentes asociaciones eclesiales están trabajando, en la medida de sus posibilidades, con las personas inmigrantes que llegan a nosotros. La respuesta eclesial que deseamos ofrecer va más allá de la ayuda asistencial, queremos brindarles acogida en nuestras parroquias y grupos cristianos, porque únicamente esto hará posible que ‘los pobres, en cada comunidad cristiana, se sientan como en su casa (cf. E.G. 199). En nombre de la Diócesis quiero agradecer a todos los voluntarios su entrega generosa. Así la Iglesia se suma al trabajo que realizan otras ONG, organizaciones humanitarias y colectivos sociales en favor de los inmigrantes, en colaboración con las administraciones públicas.

La Iglesia está llamada a dar un testimonio de justicia y caridad y, también, a inspirar respuestas responsables y virtuosas ante los actuales movimientos migratorios. Para ello cuenta con la Doctrina Social de la Iglesia que, fundada en la Sagrada Escritura y la Tradición, nace del encuentro entre las exigencias del mensaje evangélico y los problemas concretos de la vida social, teniendo en cuenta sus dimensiones técnicas y sociales. Esta reflexión sustenta las cuatro acciones que el papa Francisco repetía constantemente y que guían el compromiso de la Iglesia con las personas inmigrantes: acoger, proteger, promover e integrar.

Todos —instituciones, empresas y familias que emplean a trabajadores inmigrantes— tenemos el deber de actuar con justicia y garantizar que estas personas no sean objeto de explotación. Esto implica respetar plenamente los derechos laborales que la ley reconoce a los trabajadores nacionales, asegurando que se cumplan sin discriminación alguna. La protección y el respeto de estos derechos no es solo una obligación legal, sino un imperativo moral que compete tanto a quienes contratan mano de obra inmigrante como a las administraciones públicas responsables de supervisar y garantizar su cumplimiento (cf. Compendio DSI, 297 s).

La dignidad humana, fundamento de todo

El Magisterio de la Iglesia aporta una visión moral de los flujos migratorios de gran intensidad, considerando tanto la situación y la dignidad de las personas inmigrantes como la realidad de las sociedades que las reciben. Sin duda, merece la pena este esfuerzo de reflexión y compromiso, porque el futuro de España —y también el de Europa—, así como la dignidad de quienes buscan entre nosotros una vida mejor, exigen ser afrontados con caridad, verdad y justicia.

La dignidad de la persona humana, creada a imagen de Dios —con inteligencia, libertad y capacidad de amar—, es el cimiento de toda la moral social de la Iglesia. Es el fundamento último de la radical igualdad y fraternidad entre los hombres, independientemente de su raza, nación, sexo, origen, cultura y clase (cf. Compendio DSI, 144). Este reconocimiento de la persona humana nos lleva a afirmar que lejos de ser un objeto y un elemento puramente pasivo de la vida social, es su sujeto, su fundamento y su fin (cf. Compendio DSI, 106).

El principio enunciado parece obvio para todos, sin embargo, el papa Francisco advertía lo siguiente: “Los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro, y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona. Nunca se dirá que no son humanos, pero, en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se los considera menos valiosos, menos importantes, menos humanos” (Fratelli Tutti, 39).

Acoger sin perder las raíces propias

Ahora bien, la dignidad de la persona no puede promoverse sin respetar su cultura, reconociendo el derecho de cada individuo y de cada pueblo a conservar su propia identidad cultural. La cultura configura la dimensión social de la vida humana, pues es el modo en que una comunidad comprende la realidad y hace del mundo un hogar habitable. Mediante la educación recibimos el patrimonio cultural de nuestro pueblo y nos convertimos, al mismo tiempo, en receptores, creadores y transmisores de esa herencia. En este proceso aprendemos la lengua, la religión, las tradiciones, los valores y las formas de convivencia en la familia, la escuela y la sociedad. Así, la cultura conforma la identidad de las personas y de su pueblo, y constituye su bien común más preciado.

Tanto para la sociedad que acoge como para las personas y grupos de inmigrantes que llegan resulta fundamental cuidar y preservar la propia identidad cultural. El papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, al mismo tiempo que impulsa la dimensión universal de la solidaridad y del amor fraterno, recuerda también la importancia de no perder las propias raíces culturales. En este sentido, hace suya la siguiente advertencia: No nos olvidemos que “los pueblos que enajenan su tradición, y por manía imitativa, violencia impositiva, imperdonable negligencia o apatía, toleran que se les arrebate el alma, pierden, junto con su fisonomía espiritual, su consistencia moral y, finalmente, su independencia ideológica, económica y política (FT, 14). De este modo, la apertura solidaria hacia los demás no debe implicar la renuncia a la propia identidad, sino que debe ir acompañada del cuidado y la valoración del patrimonio cultural de cada pueblo.

Cuando la integración se vuelve más difícil

Sin embargo, existe un tema que a menudo se evita por su complejidad: los límites de la capacidad de acogida de las sociedades occidentales ante los actuales movimientos migratorios. No hace falta ser un experto en sociología para prever que un fenómeno de esta magnitud, sostenido en el tiempo, puede dificultar seriamente la integración de los que llegan. Esta problemática se acentúa cuando las culturas, creencias y costumbres de muchos inmigrantes difieren significativamente de las del país receptor, y cuando la mayoría tiende a concentrarse en las zonas más empobrecidas o conflictivas de pueblos y ciudades. Frente a estas circunstancias, resulta esencial implementar políticas migratorias responsables que anticipen y prevengan posibles tensiones sociales, garantizando así una convivencia estable y justa.

Un debate que necesita serenidad

Esta preocupación es cada vez más compartida por un sector creciente de la sociedad. Ignorarla o descalificarla como ilegítima empobrece el debate público y dificulta un discernimiento sereno sobre el tema. En España, como en otros países europeos, mientras algunos minimizan o niegan los desafíos que plantean los actuales flujos migratorios, presentándolos como fuentes de beneficios ilimitados, otros reaccionan con actitudes xenófobas o racistas, que resultan moralmente inaceptables. Incluso entre los propios católicos se difunde a veces la idea de que expresar reservas ante una inmigración ilimitada sería incompatible con la enseñanza evangélica. Sin embargo, los principios de la tradición moral cristiana ofrecen en realidad respuestas más complejas y matizadas.

Derechos y deberes de quienes llegan y de quienes acogen

El Catecismo de la Iglesia Católica enseña lo siguiente: Las naciones más prósperas tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. Las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben.

Las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas, especialmente en lo que concierne a los deberes de los emigrantes respecto al país de adopción. El inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y contribuir a sus cargas (n 2241).

Así pues, el derecho de las naciones a regular sus fronteras y considerar la capacidad de integración de su sociedad es una preocupación legítima por el bien común. Tienen derecho a proteger su cohesión social, su estabilidad y su patrimonio cultural. El debate debería centrarse en cómo gestionar los flujos migratorios de manera que se promueva una integración real y sostenible, garantizando de forma equilibrada los derechos y deberes tanto de quienes acogen como de quienes son acogidos.

Volviendo, una vez más, a la encíclica Fratelli Tutti, encontramos expresada la necesidad de buscar este justo equilibrio, hablando de Europa dice: «inspirándose en su gran patrimonio cultural y religioso, tiene los instrumentos necesarios para defender la centralidad de la persona humana y encontrar un justo equilibrio entre el deber moral de tutelar los derechos de sus ciudadanos, por una parte, y, por otra, el de garantizar la asistencia y la acogida de los emigrantes (FT, 40).

Para hacer posible una integración auténtica y sostenible es necesario proteger dos bienes legítimos: por un lado, el derecho de toda persona a buscar una vida mejor, incluso si ello implica emigrar; por otro, el derecho de los Estados de salvaguardar el bien común de sus sociedades, integrando tanto a los ciudadanos como a los inmigrantes ya asentados.

También, la acogida implica responsabilidades por ambas partes: quienes reciben tienen el deber de reconocer la dignidad y los derechos de las personas inmigrantes, promoviendo su integración; y los inmigrantes tienen el deber de respetar las leyes del país al que llegan, valorar el patrimonio cultural, moral y espiritual de la sociedad que los recibe y contribuir al bien común mediante su trabajo y una actitud abierta al diálogo y a la convivencia.

También existe el derecho a no emigrar

No debemos olvidar que, junto al derecho a emigrar, toda persona posee también el derecho fundamental a no verse obligada a hacerlo. Como recordaba Benedicto XVI: En el actual contexto socio-político, antes incluso que el derecho a emigrar, es necesario reafirmar el derecho a no emigrar; es decir, el derecho a contar con las condiciones necesarias para permanecer en la propia tierra (Mensaje para la 99.ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado).

En esta misma línea, Francisco advertía sobre los riesgos que muchos emigrantes afrontan durante su travesía y sobre las consecuencias que su partida puede tener tanto para sus familias como para sus comunidades de origen. Señalaba que: lamentablemente, otros son atraídos por la cultura occidental, a veces con expectativas poco realistas que los exponen a grandes desilusiones. Traficantes sin escrúpulos, vinculados a cárteles de drogas y armas, explotan la vulnerabilidad de los migrantes, que con frecuencia sufren violencia, trata de personas, abusos físicos y psicológicos y penurias indescriptibles. Los que emigran tienen que separarse de su propio contexto de origen y con frecuencia viven un desarraigo cultural y religioso. La fractura también concierne a las comunidades de origen, que pierden a los elementos más vigorosos y emprendedores, y a las familias, en particular cuando emigra uno de los padres o ambos, dejando a los hijos en el país de origen (FT, 38).

Asimismo, numerosos obispos africanos, de donde proceden muchos de los inmigrantes que llegan a nuestro país, tratan de animar a los jóvenes a permanecer en África y a no emigrar a Europa movidos por expectativas que a menudo no se corresponden con la realidad que encontrarán. En este sentido se pronunciaba Mons. Nicolas Djomo, antiguo presidente del Simposio de las Conferencias Episcopales de África y Madagascar (SECAM) y de la Conferencia Episcopal del Congo, durante un encuentro de la Juventud Católica Panafricana decía: Sois el tesoro de África. La Iglesia cuenta con vosotros, vuestro continente os necesita. No os dejéis engañar por la ilusión de abandonar vuestros países en busca de empleos inexistentes en Europa y América. Utilizad vuestros talentos y otros recursos a su disposición para renovar y transformar nuestro continente y promover la justicia, la paz y la reconciliación duraderas en África.

La verdadera solidaridad no se limita a acoger a quienes llegan, sino que también exige trabajar para que las personas no se vean obligadas a abandonar su familia y su país por necesidad. Promover el desarrollo en los países de origen constituye, en este sentido, una forma esencial de solidaridad, pues puede evitar desarraigos traumáticos y contribuir a moderar los intensos flujos migratorios. Las naciones más desarrolladas tienen aquí una responsabilidad decisiva, mediante políticas solidarias orientadas a afrontar las causas que empujan a tantos a emigrar. Asimismo, convendría reflexionar sobre cómo reforzar el apoyo eclesial a las comunidades cristianas de muchos de los que llegan, impulsando proyectos y redes de solidaridad, que ayuden a fortalecerlas y puedan reducir el efecto llamada, al mismo tiempo, contribuiríamos a salvar la vida de muchas personas.

Una conversión que también transforma la sociedad

Sin duda, todos somos conscientes de la complejidad de los desafíos que afronta nuestra sociedad con los actuales flujos migratorios y de la necesidad de buscar soluciones adecuadas, justas y solidarias. Como cristianos, estamos llamados a participar en este debate con el corazón y con la razón. En esta Cuaresma atendamos especialmente la llamada del Señor Jesús a la conversión personal: solo desde esa transformación interior podremos promover cambios sociales que realmente sirvan a la dignidad de todas las personas.

Que la Virgen María, Madre de la Misericordia y Consuelo de los Migrantes, nos acompañe en este camino cuaresmal hacia la Pascua.

+ Santiago Gómez Sierra
Obispo de Huelva

Huelva, 12 de marzo de 2026

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