En un emotivo acto celebrado este pasado miércoles, 29 de febrero, frente a la Parroquia de la Purísima Concepción en Huelva capital, las decenas de personas que se dieron cita en el segundo Círculo de Silencio del año denunciaron la situación de las personas que malviven en los asentamientos chabolistas de la provincia. En el mismo se leyó un manifiesto que puede encontrar a continuación:

MANIFIESTO 28 DE FEBRERO PARA EL CÍRCULO DE SILENCIO

Hoy 28 de febrero se conmemora el día de Andalucía. Este día se celebra en muchos puntos de la comunidad, tanto a nivel colectivo como particular, con actividades en la calle y actos culturales.

Ante un día tan señalado como hoy, queremos dedicarlo a esos eternos olvidados, como son las personas que malviven en los asentamientos chabolistas de nuestra provincia, a los cuales no se les es reconocido su derecho a la vecindad.

Consideramos que uno de los grandes errores que se han cometido en la gestión de esta realidad es, obviar que las personas migrantes son mucho más que mano de obra. Son vecinos y vecinas que tienen mucho que aportar, y a los que hay que garantizar el acceso a derechos en igualdad de condiciones que el resto de la vecindad.

La aparición de los asentamientos agrícolas, tiene una relación directa con un modelo productivo de agricultura intensiva, basada en invernaderos y las necesidades habitacionales de la mano de obra que acude a esas zonas.  Existen dos elementos fundamentales que llevan al estancamiento de esta exclusión. La persistencia de una cultura empresarial, no única pero sí relevante, que normaliza la generación de precariedad como parte de sus externalidades y, la falta de implicación de las distintas administraciones en la solución de los distintos problemas detectados, en los que la exclusión residencial juega un papel central.

Las personas que llegan a trabajar necesitan de un alojamiento y suponen un incremento significativo en la presión para la prestación de servicios de los municipios en los que se establecen.

En Huelva, se han dado unos tímidos pasos para abordar la realidad de los asentamientos. El pasado junio de 2022, se firmó un protocolo entre el Ministerio de Derechos Sociales, la Junta de Andalucía y los primeros ayuntamientos acogidos al mismo, como son, Lepe y Moguer. Dicho protocolo se centra en la solución habitacional como alternativa al chabolismo. Ante ello, consideramos que es insuficiente, ya que es necesario abordar la problemática de todos los asentamientos de la provincia, y no sólo de dos municipios.

Creemos que es fundamental reconocer la vecindad de las personas que se encuentran en los asentamientos, ya que es clave para construir soluciones. Lamentablemente, vemos que no todas las personas tienen reconocidos los mismos derechos, es importante señalar que el principio de igualdad y no discriminación entre personas españolas y extranjeras se articula en relación con el reconocimiento de los derechos fundamentales.

La limitación de derechos, o la dificultad para acceder en igualdad de condiciones, va en contra de la construcción de una sociedad inclusiva, por lo que el enfoque de acceso a los derechos es clave para alcanzar esa inclusión. Algunos de los derechos sociales claves para toda la población y especialmente para quienes se encuentran malviviendo en los asentamientos son; el acceso a la vivienda, a la sanidad, a un empleo, a un salario justo, a la protección social, a la alimentación y a un entorno saludable, entre otras.

Son muchos los vecinos y vecinas que se encuentran con dificultades para acceder a dichos derechos sociales por diferentes casuísticas. Por tanto, el reconocimiento de la vecindad, no es la única solución, pero es un punto de partida fundamental.

En el caso de los temporeros y temporeras que viven en los campamentos chabolistas, esta vecindad se les niega al impedirles empadronarse en el lugar donde viven y, por lo tanto, se les priva de los servicios públicos básicos como el agua, la electricidad, los saneamientos o el transporte público. La falta de acceso a estas necesidades tan básicas y la necesidad de disponer de ellas, para la mera supervivencia, es quizás la mayor muestra de la deshumanización que se hace de las personas que se ven obligadas a sobrevivir en estas condiciones.

Por otro lado, no podemos olvidar una de las consecuencias más dramáticas de la situación de aislamiento y falta de recursos básicos en los asentamientos. Nos referimos a los habituales incendios que se producen, los cuales suponen la pérdida de enseres y documentación que aumentan aún más las dificultades de personas que ya de por sí viven al límite. Llegando incluso a ser motivo de la pérdida de vidas humanas.

Cuando se producen estos incendios, se aprovecha por parte de los ayuntamientos para limpiar la zona donde se encontraban las chabolas y evitar que se vuelvan a construir. Esta práctica no acaba con la situación de exclusión residencial, ya que no va acompañada de un realojo permanente en condiciones dignas de las personas afectadas, sino que  supone que construyan en otras partes del propio asentamiento, o que se desplacen a otras ubicaciones creando otros nuevos.

Reiteramos nuestra convicción de que un desalojo sin realojo digno no es un procedimiento aceptable para las personas afectadas, ni una solución para esta vergonzosa situación que dañan a quienes la padecen directamente, a la imagen de toda la provincia y al sector agrícola empresarial en particular.

Por tanto, seguiremos luchando por el reconocimiento a la vecindad y el respeto a los derechos de los temporeros/as. Gracias.