Una corriente xenófoba  recorre el mundo y Europa es un claro exponente, comenzando por el reciente acuerdo del Parlamento Europeo.  Según la  Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el Pacto de Migración y Asilo impondrá aún más obstáculos para garantizar el derecho de asilo y los derechos humanos. En este sentido, hay que destacar lo siguiente:

• Refuerzo de las políticas de externalización de fronteras y retorno a terceros países como Marruecos, Túnez o Libia, donde no se respetan los derechos humanos y las vidas de la personas corren un serio peligro.

• Los países podrán elegir entre acoger o pagar para evitar la acogida.

• Se intensificarán los procedimientos fronterizos acelerados, las detenciones sistemáticas y la prevalencia de criterios discriminatorios.

Este pacto es solo un botón de muestra de lo que constituye una clara afrenta a quienes pretenden poner a salvo su vida o garantizar el acceso a recursos básicos para mantenerla. 

No podemos negar que, a través de los medios de comunicación, nos llega, de manera insistente, el rechazo a las personas migrantes considerándolas, por parte de no pocos grupos políticos, como “invasores” que vienen a ocupar nuestras casas, a quitarnos el trabajo.

Asistimos con cierta indolencia a que, en campañas de elecciones, puedan utilizarse a las personas migrantes como algo que hay que erradicar porque dañan nuestra cultura. En definitiva, los discursos de odio campean libremente y sin objeción alguna a lo largo y ancho de Europa. Pero también en Oriente Próximo. En Gaza ya no hay refugio para la población civil palestina pues, desde la última intervención genocida por parte de Israel, alrededor de 1,5 millones de personas están huyendo a otras zonas tras la evacuación forzosa de Rafah y, además, sin posibilidad de recibir ayuda humanitaria.

Los discursos de odio llegan también, de manera específica, al ámbito laboral, provocando condiciones de precariedad y rechazo y relegando a una parte importante de personas migrantes a vivir en condiciones infrahumanas en calles y asentamientos.  Constatamos que, en nuestra provincia, concretamente en Lepe,  decenas de trabajadores migrantes están durmiendo en la calle (teniendo que esconder sus colchones cuando amanece), a pesar de haberse inaugurado en abril una residencia  para trabajadores temporeros de la localidad. Dicha residencia,  financiada por la Junta de Andalucía, con capacidad para 152 personas y gestionada por la fundación SAMU, resulta absolutamente insuficiente, si se pretende la erradicación del chabolismo. Según un estudio de Andalucía Acoge de 2022, este municipio cuenta con 17 asentamientos en los que viven entre 500 y 1000 personas, pero la residencia solo acoge, en la actualidad,   a unas 30 personas, ya que, quienes aspiren a ocupar una plaza, deben reunir una serie de requisitos (tener contrato de trabajo y abonar 157,50€ mensualmente). No obstante,  las instituciones tienden a airear las escasas acciones que realizan frente a la dramática situación que viven las personas trabajadoras migrantes y, así,  el Ayuntamiento de Lepe se ha convertido en el primer municipio de Huelva en declararse “espacio libre de discriminación racial, étnica y delitos de odio”, obteniendo recientemente el sello de la Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur (FECONS).

Como podemos observar, sin tener que ahondar mucho, la incoherencia es extrema y, lo peor, es que no la identificamos como tal: personas trabajadoras que recogen los frutos de nuestros campos, que cuidan a nuestros mayores, que realizan trabajos en la hostelería…casi todos en situación de precariedad…que sufren la discriminación de no conseguir un alquiler de vivienda, a pesar de poder pagarla…que son rechazados en la mayoría de los ámbitos sociales y que, cuando carecen de regulación administrativa,  no tienen acceso a los servicios básicos disponibles.

La celebración del Día Internacional del Trabajo el pasado 1 de mayo puso de manifiesto la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo: menos jornada, mejores salarios, pleno empleo…todo lo que pueda ir conduciendo a un trabajo decente capaz de cuidar la vida… algo que no podemos perder de vista para convertirlo en una realidad y, especialmente, en aquellos grupos sociales a los que se les está arrebatando los derechos que, como seres humanos, les corresponden. Las trabajadoras y trabajadores migrantes son un claro exponente.

Por ello, tenemos que luchar contra cualquier discurso de odio mediante la creación y el fomento de relaciones de fraternidad que vayan integrando a todas las personas migrantes como parte de nuestros pueblos y ciudades, facilitándoles carta de ciudadanía con todas las obligaciones y derechos, lo que incluye, prioritariamente,  el derecho a un trabajo decente.  Tenemos que denunciar y exigir a las Administraciones locales, autonómicas y nacionales  que se acabe con esta grave situación de explotación, de rechazo y de marginación, que están sufriendo tantos hombres y mujeres migrantes en nuestro país.

Finalmente, es un motivo de esperanza reconocer el trabajo que distintas asociaciones, grupos y ONGes están realizando en favor de una vida digna para las personas migrantes. Hoy, de una forma especial, queremos hacer referencia al proyecto denominado CORODAVIDA, impulsado por Emilio Muñoz Jorva, con la colaboración de Marisol Forján,  y que, desde su creación en 2020, intenta promover la riqueza intercultural a través de la música, rompiendo las barreras que están impidiendo la fraternidad entre los pueblos.

Sólo la fraternidad es el mejor antídoto contra los discursos de odio. Sin ella, los seres humanos perdemos nuestra esencia: esa humanidad a la que todas las personas, todos los pueblos, sin excepción alguna, estamos llamados a sostener y a potenciar.