La vivienda y el empleo se consolidan como los principales motores de la exclusión social en Huelva. Así se desprende del Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía, presentado esta mañana en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva, que advierte de la cronificación de la desigualdad y de un proceso profundo de fragmentación social en la comunidad andaluza: el 23% de la población -casi dos millones de personas- vive en exclusión social y el 10% lo hace en exclusión severa.

La presentación ha contado con la intervención de María Macías, directora de Cáritas Diocesana de Huelva y Daniel Rodríguez de Blas, miembro del equipo de estudios FOESSA y coordinador del informe de Andalucía. 

La fractura social se consolida  

El análisis presentado por Daniel Rodríguez de Blas sitúa a Andalucía ante un proceso profundo y persistente de fragmentación social, fruto de más de dos décadas de crisis encadenadas  —económica, sanitaria, inflacionaria y habitacional— cuyas fases de recuperación no han logrado cerrar las brechas abiertas. “No estamos ante una situación coyuntural, sino ante dinámicas estructurales que se consolidan”, ha explicado.  

Según el informe, en 2024 la exclusión social afecta al 23,1% de la población andaluza, es decir, que casi dos millones de personas en Andalucía tienen dificultades para participar con normalidad en la vida social. Una proporción claramente superior a la media estatal (19,3%) que procede de una “mayor exposición histórica a la desigualdad, la precariedad laboral y la fragilidad de los mecanismos de la protección social”.

El 10,2% de la población andaluza, en exclusión severa  

Especialmente preocupante es el peso de la exclusión severa, que alcanza ya al 10,2% de la población y que no deja de crecer desde 2018. Al mismo tiempo, se constata un retroceso de la integración plena: solo cuatro de cada diez personas no presentan hoy ningún indicador de exclusión social en Andalucía.

“No fallan las personas, falla el sistema”. Frente a discursos que explican la pobreza y la exclusión desde la pasividad individual, los datos muestran que la mayoría de los hogares en exclusión no permanece al margen. Trabajan, buscan empleo, se forman, activan redes de apoyo familiar e intentan salir adelante. “Sin embargo, ese esfuerzo choca con barreras estructurales: recursos insuficientes, respuestas fragmentadas y apoyos que no se ajustan a las trayectorias reales. Cuando el sistema exige activación sin ofrecer protección suficiente, la exclusión no se corrige: se cronifica”.

Vivienda y empleo, principales motores de la exclusión  

El Informe FOESSA identifica la vivienda como el principal eje de la exclusión social en Andalucía y afecta a casi una de cada cuatro personas.   

Desde 2018, el precio de compra de la vivienda ha aumentado un 65%, muy por encima de la evolución de los salarios, lo que ha generado un sobreesfuerzo residencial que empuja a más de 400.000 hogares andaluces a vivir por debajo del umbral de la pobreza severa después de pagar los gastos de vivienda y suministros.   

El informe advierte además de que, aunque solo el 15% de la población vive de alquiler, este grupo concentra una vulnerabilidad muy elevada: el 43% de las personas inquilinas se encuentra en riesgo de pobreza. A ello se suman situaciones cada vez más extendidas de inseguridad residencial, que afectan a medio millón de personas, y viviendas inadecuadas con problemas de hacinamiento o insalubridad, en las que residen más de 1,2 millones de andaluces. “Mientras la vivienda no pase a ser un pilar real del Estado del Bienestar, la mejora económica seguirá sin traducirse en integración social”, ha advertido Daniel Rodríguez.  

Junto a la vivienda, el empleo es el segundo gran eje de la exclusión social. La mejora significativa en los indicadores de ocupación no se ha traducido en una mejora de las condiciones de vida. Se trabaja más, pero trabajar ya no garantiza salir de la cuerda floja. El contexto actual de creciente inflación y fuerte encarecimiento de la vivienda en el que nos encontramos ha reducido de forma drástica la capacidad protectora del empleo. Los salarios han subido, pero no de manera proporcional, debilitando aún más la capacidad de los ingresos laborales para sostener proyectos de vida dignos.  

En Andalucía, el salario medio es 7,6 puntos inferior a la media estatal y más de uno de cada diez hogares tiene como sustentador principal a una persona en situación de inestabilidad laboral grave. El empleo sigue siendo importante, pero no basta. “Reduce el riesgo de exclusión, pero ya no lo elimina y para demasiadas personas se ha convertido en una experiencia frágil y vulnerable”, ha subrayado Rodríguez.  

Uno de cada cinco hogares sufre exclusión vinculada a la salud  

El informe andaluz sostiene que la exclusión en la dimensión de la salud aumentó de forma notable durante la crisis sanitaria y, lejos de revertirse, “se ha cronificado”, pasando a afectar a uno de cada cinco hogares. El principal factor es el económico, extendiéndose de manera preocupante. En la provincia de Huelva, unas 85.000 personas viven en hogares que han tenido que dejar de comprar medicinas o abandonar tratamientos o dietas por falta de recursos.

Esta realidad en el ámbito de la salud está erosionando la equidad en el acceso a la sanidad y empuja hacia un modelo de doble velocidad, donde la capacidad de pago marca cada vez más la diferencia. Además, el impacto es “especialmente grave” en la salud mental y se concentra en las situaciones de exclusión más severa. “Cuando enfermar implica empobrecerse y cuidarse depende de los ingresos, el derecho a la salud pierde contenido y la exclusión se vuelve más profunda y persistente”.

Los rostros de la exclusión social en Andalucía  

La exclusión social en Andalucía tiene “rostros claros y repetidos”. Así, afecta a casi la mitad de las personas con nacionalidad extranjera (48%), más del doble de quienes tienen nacionalidad española (20%). La exclusión no solo es económica, también es cívica y democrática: más de 580.000 personas viven en Andalucía en hogares sin derecho a votar ni a ser elegidas.   

 El segundo rostro es el de la infancia y la juventud. “Casi tres de cada diez menores viven en situación de exclusión (29%). La juventud andaluza afronta un proceso de emancipación marcado por la inestabilidad laboral y un acceso a la vivienda cada vez más restringido. Se trata de una transición bloqueada que convierte la juventud en una etapa prolongada de vulnerabilidad social”, ha apuntado. 

 Finalmente, la exclusión afecta con mayor intensidad a quienes viven en hogares encabezados por mujeres. “A la brecha de ingresos se suman la precariedad laboral, la carga de los cuidados y las dificultades de acceso a la vivienda”, ha enumerado.  

Hacia un nuevo pacto social  

El informe FOESSA Andalucía constata un modelo social con signos evidentes de agotamiento que genera “desigualdad, precariedad y fragmentación social”. Se afirma que “la exclusión social es la expresión de grietas profundas en nuestro modelo de desarrollo” y se denuncia, además, que se trata de un modelo “ecológicamente insostenible”.

Frente a un relato profundamente individualista, el informe plantea un cambio de rumbo sustentado en tres pilares fundamentales: una sociedad civil activa, capaz de tejer vínculos, sostener a quienes quedan al margen y exigir respuestas colectivas; instituciones públicas fuertes que impulsen políticas coherentes en vivienda, empleo, migración, protección social y fiscalidad para que nadie quede atrás y el cuidado sea el centro del pacto social; y una clase política valiente, capaz de mirar más allá del corto plazo electoralista y de construir consensos amplios a la altura de los desafíos que enfrentamos.

Sobre la Fundación FOESSA  

La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) fue creada por Cáritas Española en 1965 con el objetivo de servir a la sociedad a través de la realización de estudios de investigación sobre la realidad social, cultural y económica de España.

A lo largo de estas seis décadas se han presentado nueve macrodiagnósticos. Este es el cuarto estudio andaluz y forma parte de 22 informes territoriales que se desprenden del IX Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, presentado el pasado 5 de noviembre. Los resultados de esta investigación se basan en la sexta Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales (EINSFOESSA), realizada en el primer semestre de 2024 a 12.289 hogares en todo el país, 596 en Andalucía.