La mayoría de las delegaciones diocesanas de enseñanza de nuestro país junto a asociaciones de padres, colegios concertados, profesorado, patronales y sindicatos, se han sumado a la paralización de la nueva ley de educación por el malestar provocado con su trámite en pleno estado de alarma.
A través de los diferentes medios y redes sociales, con los hashtags #StopLeyCelaá, #ReliEsMas, #NoCierresMiCole se ha conseguido ser “trending topic” nacional, objetivo de dicha manifestación digital con más de cien mil tuits en las redes este lunes pasado, fecha de la convocatoria. Esta sería la octava ley que se tramitaría sin un pacto educativo unánime entre las diferentes fuerzas políticas, algo incomprensible.
Esta ley, LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE) o ley Celaá, que derogará a la actual ley Wert, la LOMCE como todos saben, se tramita sin el mínimo consenso, sin pasar por el Consejo Escolar del Estado que es el máximo órgano consultivo; no tiene en cuenta a las familias en lo que se refiere a la “demanda social” para planificar la oferta de plazas educativas, que indudablemente repercute en los centros concertados; se margina la asignatura de Religión que debe ser equiparable a las demás disciplinas fundamentales. Amén de otras cuestiones que no entramos ahora a valorar. Y todo con urgencia, sin diálogo, sin un estudio sosegado de la misma y creando cierto temor entre la comunidad educativa por algunas de sus medidas más polémicas. Resumiendo, es un proyecto de ley que, después de un año paralizada, se quiere gestionar sin esperar que acabe el estado de alarma.
Dicha ley degrada la asignatura de Religión dejándola sin alternativa. Lo que significa que el alumno que decida no escoger Religión no podrá elegir otra en su lugar y quien no la curse se podrá ir a casa o al recreo. Se convertiría dicha asignatura en una actividad que pocos elegirían. También dejará de ser evaluable y computable. Y la nota no contará ni para becas ni para la EvAU (Evaluación de Acceso a la Universidad).
Los padres lamentan esta degradación ya que la inmensa mayoría la eligen libremente porque es una asignatura que contribuye al desarrollo integral del alumno, objetivo fundamental de la educación. Y porque son ellos los principales responsables de la educación de sus hijos y no el Estado, aunque subsidiariamente sea atendida por la Escuela y el Estado. Es necesario que en estos asuntos tan importantes no se deje al margen a las familias y se pide que los poderes públicos perfilen una ley que no coarte la libertad de los padres, la dignificación de la asignatura de Religión solicitada por más de tres millones y medio de alumnos, que tenga en cuenta a su profesorado y que permita que la sociedad, sobre todo la comunidad educativa a través de sus representantes, participe en su tramitación a través de un sano debate.
Debemos tener en cuenta que la formación religiosa fue uno de los temas más reñidos por los padres de la Constitución en 1978. Y a pesar de todo se llegó a un consenso. Hoy hace falta un gran pacto para que la asignatura no esté al amparo de ningún partido político ni dependa de ninguna ideología sino de las familias. Esta ley no respeta la sensibilidad de los padres, vulnera los acuerdos Iglesia-Estado, que en su art.2 establece que la enseñanza de la Religión católica se incluirá en todos los centros y niveles, “en condiciones equiparables a las demás asignaturas fundamentales”, así como los acuerdos recogidos en la Constitución, que en su art. 27. 3 dice: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación moral y religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Además, como novedad, la nueva ley incluirá entre otros asuntos, una nueva asignatura obligatoria de Valores Cívicos y Éticos en el curriculum, que es una vuelta a la EpC (Educación para la Ciudadanía). También los alumnos que suspendan más de dos asignaturas en la ESO podrán pasar de curso, si el profesorado considera que las asignaturas no superadas les permite seguir con éxito el curso siguiente. Y se podrá dar el título de Bachiller con una asignatura suspensa de manera excepcional.
En estos momentos, todos esperamos y deseamos lo mejor, que se pueda recuperar la normalidad institucional después del estado de alarma, que se permita a la comunidad educativa participar en este proyecto común y se pueda gozar de un amplio consenso por el bien de todos.

Celestino Gómez.
Delegado para Educación de la Diócesis de Huelva