La semana pasada fue propuesta por algunos grupos parlamentarios la creación de una comisión de investigación sobre los abusos sexuales en la Iglesia española. Desde el punto de vista legal esta propuesta es discutible, pues el Congreso no tiene como función controlar a la sociedad ni a las organizaciones sociales. Todas están sometidas al derecho y son supervisadas por el poder judicial.
Finalmente, que sea derivada a una comisión de expertos o a una comisión presidida por el Defensor del Pueblo es más razonable. Eso sí, habría que determinar el foco de la investigación, para centrar la atención sobre las víctimas, sin excepción. Si esta lacra afectara exclusiva o mayoritariamente, en el presente o en el pasado, a la Iglesia sería comprensible una investigación exclusiva de la pederastia en la Iglesia. Sin embargo, los estudios independientes de la Fundación ANAR o el más reciente de Save the Children, dedicados a la pederastia en España, señalan que este grave problema grave afecta a toda la sociedad y se da en todos los ámbitos. En concreto, los abusos en actividades religiosas, según estos estudios, suponen un 0,2% de la totalidad de ellos. Por tanto, el 99,8 % de las víctimas quedarían en la desprotección y la Iglesia aparecería como la única institución donde se comete este delito.
Según expresa nuestro obispo, D. Santiago Gómez, “para la Iglesia abordar este tema, es una prioridad, tal y como venimos haciendo, como lo evidencia la creación de las oficinas para la denuncia en todas las diócesis. Los delitos de abusos de menores es una vergüenza y un pecado que hay que erradicar. Para la Iglesia, una sola víctima ya es demasiado. Pero llama la atención que el Congreso se proponga hacer una comisión para los delitos de abusos de menores exclusivamente en la Iglesia cuando estudios de organizaciones independientes ponen de manifiesto que este es un problema de toda la sociedad española”.
Sobre esta cuestión, el camino que la Iglesia en España viene recorriendo es el de la investigación apoyada en la denuncias, la escucha y el acompañamiento reparador a las víctimas. Por eso, la Iglesia insiste en la necesidad de que las víctimas presenten denuncias para que las instancias competentes puedan perseguir este delito.
En este camino, se han creado Oficinas de Protección de Menores y Prevención de Abusos en las diócesis españolas, para facilitar y acoger las denuncias. De igual modo las congregaciones religiosas han creado servicios similares. En el caso de la Diócesis de Huelva, esta oficina se encuentra en Sevilla, siendo el vicario general de la Archidiócesis de Sevilla, Teodoro León, el delegado episcopal para estos asuntos. De este modo, las víctimas son acogidas en oficinas cercanas, de las que forman parte expertos de distintos ámbitos (psicólogos, abogados, médicos, canonistas,…), donde se les escucha, se les acompaña y se les proponen los cauces adecuados que puedan servir a su demanda concreta según su voluntad y necesidades: la denuncia civil o canónica, el tratamiento médico o psicológico, el acompañamiento espiritual, etc..
En estas oficinas se acoge a todas las víctimas, con independencia de que el cauce jurídico esté cerrado por fallecimiento del abusador o por prescripción del delito; con independencia de quien haya sido el agresor, incluso fuera del ámbito eclesiástico. La secular experiencia de acogida de la Iglesia le permite -y le obliga- a realizar esa misión con dedicación, espíritu de servicio y entrega.
Este procedimiento de investigación de abusos contra menores y de acogida a las víctimas en la Iglesia, será sometido a un proceso de evaluación a propuesta del Servicio de Coordinación de la Conferencia Episcopal Española.
Además de las Oficinas de Protección de Menores, las diócesis tienen también un cauce jurídico para la investigación de los abusos, estrechamente definido por la Santa Sede, y que incluye dos partes. Cuando se recibe en la diócesis una denuncia por cualquier cauce, se realiza una primera investigación muy rápida sobre la verosimilitud de la denuncia. Si la denuncia es verosímil se comunica a la fiscalía, especialmente si la víctima está todavía en peligro, y se establecen las medidas cautelares necesarias sobre las actuaciones del agresor. Todos los datos recabados en esa primera investigación, cuando concluye, son enviados a la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma. Esta Congregación es la competente para hacer el proceso penal, con la investigación del delito, el juicio de los acusados y la formulación de la sentencia.
En relación al cauce jurídico eclesiástico, la Conferencia Episcopal ha solicitado la unificación de toda la legislación relativa a la investigación y al juicio de los abusos cometidos por sacerdotes contra menores en un decreto general, que tendrá validez para toda la Iglesia en España. Este decreto general ha sido presentado a la Santa Sede para su convalidación y entrará en vigor en cuanto tenga lugar su aprobación. Esto permitirá la aplicación de una sola norma en todas las con diócesis y congregaciones religiosas de ámbito diocesano.
