Órgano de Cumplimiento Normativo

Publicado:
17 marzo, 2026
El Órgano de Cumplimiento Normativo de la Diócesis de Huelva es la instancia encargada de supervisar que la diócesis actúe conforme a la legislación civil, canónica y a sus normas internas. Su función principal es prevenir irregularidades y garantizar la transparencia, la ética y el cumplimiento legal en su actividad.

Buzón y Notificaciones

Las comunicaciones se podrán materializar haciendo click en la imagen para notificarlo por correo electrónico o bien a través de la dirección de correo postal:

Buzón de Denuncias
Diócesis de Huelva Apdo. 144
21080 Huelva

La Diócesis de Huelva ha implantado este canal o buzón dirigido a sus empleados, cargos, colaboradores, proveedores y en general cualquier persona que se relacione con la actividad de la propia diócesis, y que desee manifestar o reportar el incumplimiento de cualquier tipo de disposición legal general (civil o canónica) así como la falta de cumplimiento de la propia normativa interna diocesana.

Las comunicaciones recibidas serán gestionadas por el Órgano de Cumplimiento Normativo de la Diócesis de Huelva, garantizándose la CONFIDENCIALIDAD del informante salvo aquellos supuestos que sea preceptivo informar a las autoridades judiciales conforme a la Ley

Oficina de Protección del Menor y Personas Vulnerables

Política de Buenas Prácticas y Cumplimiento Normativo

Protocolo de Medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Rendición de Cuentas – Pago medio a proveedores

La Diócesis de Huelva está desarrollando e implantando un Sistema de Cumplimiento Normativo Penal (compliance) cuyo propósito es evidenciar su compromiso con los más altos niveles de transparencia y respeto a la legalidad, integrando en un mismo marco tanto la normativa estatal como la tradición jurídica propia de la Iglesia. Con ello, la Diócesis se dota de instrumentos y procedimientos eficaces orientados a la prevención de los riesgos que puedan derivarse de su actividad.

Este sistema incorpora los requisitos establecidos por la legislación penal española, las circulares de la Fiscalía y la norma UNE 19601. Basado en los principios de la Iglesia, incluye una política de cumplimiento normativo que refleja la voluntad de la Diócesis de promover una cultura de transparencia y buen gobierno, alejada de cualquier riesgo penal; un código general de conducta dirigido a todos sus miembros, con independencia de su vínculo, que establece pautas de comportamiento; un código específico para proveedores y colaboradores, con el fin de alinear su actuación con la política de cumplimiento de la Diócesis; una política de contratación y relación con terceros —incluidas Administraciones Públicas— que fija los criterios de actuación en dichas relaciones; un sistema disciplinario para sancionar los incumplimientos; y, por último, una política de gestión del canal ético que regula su funcionamiento. Este canal tiene como finalidad recoger las informaciones que tanto miembros de la Diócesis como terceros deseen trasladar al órgano de cumplimiento normativo, responsable de supervisar el sistema y gestionar dichas comunicaciones.

De este modo, la Diócesis de Huelva, en coherencia con los principios de transparencia y con el objetivo de reforzar su seguridad jurídica y social, se suma a entidades como la Conferencia Episcopal Española, así como a otras diócesis y congregaciones que ya han implantado modelos similares.

Uno de los elementos esenciales del sistema es el Canal de Comunicación, conforme a la denominación recogida en la Ley 2/2023, de 20 de febrero. A través de este medio, tanto los miembros de la Diócesis como terceros pueden comunicar, de buena fe y sobre la base de indicios razonables, hechos que puedan implicar riesgos penales para la organización, así como posibles incumplimientos o debilidades del propio sistema de compliance. Igualmente, este canal permite plantear consultas, dudas o inquietudes. Para facilitar su uso y garantizar, en su caso, el anonimato, se ha habilitado una herramienta informática específica accesible mediante el botón “Buzón y Notificaciones”.

Quienes opten por realizar una comunicación anónima deben tener presente que, al completar el formulario, se generarán una dirección web y un código que permitirán realizar el seguimiento del estado de la comunicación. Es imprescindible conservar ambos datos, ya que, en caso contrario, no será posible acceder a la tramitación ni la organización podrá contactar con el informante debido a la anonimización. Este enlace de seguimiento también se facilita a quienes decidan identificarse (indicando su nombre y correo electrónico), si bien en estos casos no es necesario conservarlo, al remitirse por correo electrónico.

Todas las comunicaciones recibidas, cualquiera que sea el canal utilizado, serán gestionadas por el Órgano de Cumplimiento Normativo de la Diócesis, garantizándose en todo momento —incluso cuando no sean anónimas— la confidencialidad de la identidad del informante, de cualquier tercero mencionado y de las actuaciones realizadas durante la gestión y tramitación, así como el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, limitando el acceso exclusivamente a personal autorizado.

Se recuerda asimismo a los miembros de la Diócesis, así como a los proveedores y colaboradores que hayan suscrito el Código general de conducta, y terceros en general, su deber de comunicar cualquier incumplimiento o riesgo penal del que tengan conocimiento. Del mismo modo, queda terminantemente prohibida cualquier forma de represalia dentro de la Diócesis, adoptándose las medidas necesarias para proteger a quienes, de buena fe y con fundamento razonable, utilicen estos canales. No obstante, se advierte que las comunicaciones realizadas de mala fe, así como aquellas que contengan información falsa o persigan exclusivamente perjudicar la reputación de la Diócesis de Huelva o de cualquiera de sus profesionales, podrán dar lugar a la adopción de medidas disciplinarias, sin perjuicio del ejercicio de las acciones legales que correspondan.

Finalmente, se informa a las personas informantes de la posibilidad de acudir también a los canales externos de información ante las autoridades competentes, en particular la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) o el órgano equivalente en la correspondiente Comunidad Autónoma, así como, en su caso, ante las instituciones y organismos de la Unión Europea.

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